El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de octubre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, Proyecto que refleja en su articulado algunas medidas fiscales de calado.
A efectos de IRPF, el Proyecto incrementa en dos puntos la tributación de las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y, en tres puntos, la tributación de las rentas del capital que excedan de 200.000 euros.
Asimismo, limita los beneficios fiscales hasta ahora otorgados a las aportaciones a planes de pensiones, reduciendo de 8.000 euros a 2.000 euros las aportaciones máximas del partícipe a planes individuales o de empleo. Y prorroga para 2021 los límites a la fecha vigentes para aplicar el régimen de estimación objetiva (módulos).
En el marco del Impuesto sobre Sociedades, restringe al 95% (antes, el 100%) el alcance de la exención que establece la normativa reguladora del impuesto para los dividendos y plusvalías obtenidas en la transmisión de participaciones empresariales. No obstante, acota temporalmente (tres años) el alcance de esta limitación a entidades con una cifra de negocios inferior a 40 millones de euros, no sean entidades patrimoniales y no formen parte de un grupo mercantil. Será sin duda necesario analizar con detalle la redacción definitiva de la norma para determinar con propiedad el alcance real y efectivo de esta nueva limitación.
Afortunadamente, parece descartarse el establecimiento de una tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades (en textos anteriores se proponía establecer ese mínimo en un 15% de la base imponible del Impuesto para grandes empresas).
Para con el Impuesto sobre el Patrimonio Neto, se establece la vigencia indefinida del mismo y se incrementa, del 2,5% al 3,5%, el tipo aplicable al último tramo de la tarifa, que se inicia en los 10.695.996 euros.
A efectos de IVA, ha llamado la atención el incremento del tipo impositivo aplicable a las bebidas azucaradas y edulcoradas, del 10% al 21%, salvo que las mismas sean vendidas en establecimientos de hostelería y restauración, ya que en ese caso la subida fiscal no es aplicable.
Además, el Impuesto sobre Primas de Seguro incrementa su gravamen del 6% al 8%. Y además, el Gobierno prevé acometer la implantación efectiva de cuatro nuevos impuestos, a saber, el impuesto sobre residuos en vertederos e incineración, el impuesto sobre envases de plástico, el impuesto sobre transacciones financieras y el impuesto sobre determinados servicios digitales.
Frente a la subida fiscal que propone el Proyecto, en un contexto económico tan grave e incierto como el actual, la Administración del Estado debería acometer el ejercicio de una política tributaria distinta, que en general permita reducir las cargas fiscales soportadas por particulares y empresas, lo que sin duda alguna tendría un impacto muy positivo en la mejora de nuestros actuales niveles de consumo y de inversión y, por ende, en el inicio de un proceso de recuperación y consolidación del crecimiento económico y, asimismo, de recuperación y generación de empleo.